Este fin de semana largo no habrá descanso ni para los alperovichistas de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, ni para los abogados de los magistrados que pretende destituir Susana Trimarco. Ayer, los representantes legales del vocal Alberto Piedrabuena le pidieron al comité parlamentario que, en vistas de la medida judicial que suspendió el proceso acusatorio contra el vocal Emilio Herrera Molina, también detengan las actuaciones que implican a su cliente. De hecho, el planteo de los letrados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo también aspira a que se favorezca al restante miembro de la sala II de la Cámara Penal, Eduardo Romero Lascano.

Este tribunal está siendo investigado por su presunto mal desempeño en el juicio en el resonante caso de María de los Ángeles Verón. El debate terminó en diciembre pasado, con 13 acusados absueltos por falta de pruebas.

La comisión de Juicio Político, integrada por 11 legisladores alperovichistas y por un opositor, está analizando si el próximo miércoles eleva la denuncia de Susana Trimarco, madre de la víctima, al Jury de Enjuiciamiento, que definirá si destituye a los vocales. Con dos tercios de los votos del comité, la acusación seguirá su curso.

A sabiendas de que el equipo parlamentario no se tomará respiro aún en estos feriados, Ahumada y Toledo presentaron un escrito en mesa de entradas de la Legislatura para solicitar la suspensión del proceso contra Piedrabuena, quien presidió el tribunal en el juicio.

El argumento de los letrados consiste en que, en la sentencia del jueves -favorable a Herrera Molina-, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo estableció "que la presente medida cautelar implica la interrupción de los plazos fijados" para que la comisión legislativa se expida y adopte una decisión de formular o no acusación. "Para esta defensa, la situación es de inequívoca certeza, en cuanto a la necesidad de que el procedimiento también sea interrumpido con relación a nuestro defendido (Piedrabuena), e incluso frente al restante integrante del tribunal penal, es decir, el doctor Eduardo Romero Lascano", redactaron Ahumada y Toledo.

Dos condiciones

Los defensores de Piedrabuena, a la vez, "desafiaron" a que el proceso de destitución, en caso de realizarse, cumpla con dos condiciones. "La primera -afirmaron-, que sea televisado, público y con amplia cobertura". Además, pidieron que se intente juzgar "a todos los responsables de la trata de personas desde 2003 hasta la fecha".

La segunda exigencia de los abogados consiste en que "la totalidad de las partes del juicio" (es decir, los imputados, la comisión acusadora y los integrantes del Jury) presenten sus respectivas declaraciones juradas y otros documentos (profesionales, técnicos, etcétera) a fin de acreditar "un proceso justo".

Con esto, explicaron los abogados, se buscan garantías de que se hará un trámite "con absoluta imparcialidad, y que ninguno de los integrantes de los órganos debe su ingreso o permanencia en los cargos que detentan a la voluntad de una sola y misma persona".

Este párrafo fue todo un mensaje para el equipo de trabajo alperovichista. Ahumada y Toledo fundamentan este planteo en "los graves exabruptos de la señora Susana Trimarco reclamando en diciembre la destitución" de los magistrados, y que Alperovich haya salido a darle su apoyo.

A continuación, en el texto, los letrados reiteran su pedido de que se archiven las actuaciones "como único medio de preservar la legalidad y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, avasallados en esta instancia". "Es esta la última oportunidad que tienen de evitar el escándalo y la vergüenza", les advirtieron Ahumada y Toledo a los parlamentarios.

Piedrabuena podría iniciar los trámites para renunciar como camarista y acogerse así a la jubilación, pero sería extraño que el gobernador emita el decreto aceptándola y el juez se libere del proceso. Sobre todo, porque el miércoles a las 18 la Legislatura anunciaría su decisión sobre los magistrados. Romero Lascano llegó a la sala II de la Cámara Penal en 2011.